martes, 2 de junio de 2020

La histórica comunidad de regantes de San Lorenzo y la histriónica actuación de administraciones y políticos

Jesús Fuentetaja, El Adelantado de Segovia, 27 enero, 2019.

A finales del año recientemente concluido nos anunciaron, casi a bombo y platillo, que la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León había aprobado la propuesta de los procuradores socialistas segovianos, para que la Junta inicie la tramitación del expediente administrativo que debe concluir con la declaración de la denominada “Acequia de San Lorenzo” de la ciudad de Segovia, como Bien de Interés Cultural (en adelante BIC). Según lo expresado en la nota de prensa posterior, allí se puso de manifiesto que la “Cacera de Regantes” constituye un singular elemento cultural de carácter etnológico asociado al paisaje y parte fundamental del patrimonio inmaterial de la ciudad de Segovia, para que pueda ser declarado BIC, y que debería actuarse con total rapidez en su protección para evitar quede en el olvido toda la cultura hortelana.

Es de agradecer esta iniciativa y se agradecería mucho más que el Parlamento Autonómico la tramitara a la mayor urgencia posible, porque, por lo que luego haremos referencia, en estos momentos existe un grave riesgo de que la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, declare extinguida, si no lo ha hecho ya, la histórica concesión de aprovechamiento de las aguas del río Eresma a la Comunidad de Regantes de San Lorenzo, constituida a esta finalidad y de la que forma parte el propio Ayuntamiento de Segovia, quien posee terrenos en el barrio que también se benefician de este derecho de riego. Al parecer, coincidiendo con la grave enfermedad del anterior presidente de la entidad concesionaria, que terminaría en un fatal desenlace, debió obviarse algún trámite burocrático que hizo entender a los sesudos rectores del organismo de Cuenca que dicho aprovechamiento ya no tenía uso y que, por consiguiente, procedería declararle extinguido.

Si esta extinción llegara a producirse, se habría puesto fin a una instalación hidráulica con casi mil años de existencia, puesto que pese a que documentalmente no ha sido posible datarla más allá del siglo XV, en la época de Enrique IV, lo cierto es que todos los historiadores coinciden en ampliar el uso inveterado de este peculiar sistema de regadío, como muy tarde a los inicios de la segunda repoblación de Segovia, acontecida en el primer tercio del siglo XI. Téngase en cuenta que uno de los principales benefactores del uso del agua para el riego de sus huertas ha sido siempre el convento cisterciense de San Vicente el Real, que ya estaba construido en el siglo anterior. Pero no sólo se habría extinguido otro reducto más de nuestra historia, sino que ello acarrearía consecuencias desastrosas en los ámbitos, sociales y económicos del popular barrio segoviano, y sobre todo afectaría a la conservación paisajística de la mitad norte del cinturón verde que con gran belleza ciñe el casco antiguo de la ciudad de Segovia y que precisa de la derivación del caudal del Eresma para que pueda seguir manteniendo su vegetación.

Qué curioso, que casi coincidiendo en el tiempo con el inicio de la tramitación de BIC de la cacera, la Confederación Hidrográfica del Duero, también desde Valladolid, haya decidido instruir otro expediente administrativo, en este caso sancionador, para multar a la citada Comunidad de Regantes con la cantidad de 3.000 euros, según consta en la propuesta de sanción: “Por derivación no autorizada de aguas del río Eresma a través de un azud, para uso ornamental en el paraje del barrio de San Lorenzo”. Si no fuera un tema tan serio, quizá debería tomarse a broma el histrionismo que rezuma la actuación del organismo de Cuenca. Primero, porque en 2007 la propia Confederación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia, financiados por Fondos FEDER, invirtieron cerca de nueve millones de euros para el proyecto de “Tratamiento del entorno de los ríos Eresma y Cigüeñula entre el barrio de San Lorenzo y el puente de San Lázaro”, con algunas actuaciones expresamente dedicadas al mantenimiento y reparación de la cacera, que ahora pretende declararse extinguida.

No causa menos hilaridad el motivo para imponer la sanción por utilizar un azud, que si su uso hubiera sido eliminado, habría correspondido a la propia Administración actuante adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de sus actos, como hubiera sido el sellado o precinto de la acometida para evitar con ello la captación del caudal no autorizado, que dicho sea de paso resulta devuelto aguas abajo del río Eresma, si no llega a utilizarse. Sólo en el supuesto que los regantes hubieran violentado o levantado los precintos, es cuando podrían haber sido sancionados. La Administración no puede hacer responsable a los demás de su propia negligencia, puesto que es ella quien vendría obligada a eliminar el azud para impedir con ello, que el caudal derivado desde el río pueda seguir su curso por los canales de distribución de la histórica aceña, por el mismo lugar por donde ha venido transcurriendo desde tiempo inmemorial.

Si finalmente, la concesión hubiera sido efectivamente anulada por la Confederación, como se desprende del procedimiento sancionador antes aludido, tampoco resultaría menos histriónico el papel de las Cortes autonómicas, tramitando la declaración de BIC de un aprovechamiento de riego que ya no existiría, al haber sido declarado extinguido por otra Administración. Señores representantes de los ciudadanos de Segovia, se agradece mucho esta loable iniciativa pero no creen que si tanta importancia tiene la acequia de San Lorenzo -que la tiene- para la actual configuración paisajística de una ciudad que es patrimonio universal de la humanidad, donde deberían haber centrado todos sus esfuerzos es en conseguir convencer a la Confederación Hidrográfica del Duero para que anule la posible extinción de la concesión, por cierto, organismo público éste último, del mismo signo político que el de los instigadores de la bien intencionada declaración ante la administración autonómica. Luego, una vez logrado este esencial objetivo, si quieren la declaran BIC o lo que mejor les parezca. Y si no lo consiguen, la otra alternativa sería que cada político, fuera del color que fuera, acudiera a diario provisto de gaseosas para regar con ellas huertas, prados y arboledas. De esta forma es posible que hasta se encharcaran.

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