viernes, 10 de marzo de 2023

CARACENA RECUPERA SU MEMORIA

CARACENA RECUPERA SU MEMORIA

En la Casa de Soria en Madrid se ha presentado el libro titulado CARACENA: VILLA Y TIERRA que ofrece un recorrido por la historia de esta pequeña COMUNIDAD.

El acto fue presentado por el Presidente de la Casa y participaron los autores, hermanos García de Andrés, Inocente y Paulino, acompañados por el autor del Prólogo, el jurista Joaquín González-Herrero y el miembro del Centro de Estudios Castellanos, Enrique Díaz Sanz.

Habló Paulino del arraigo de los autores en el territorio de donde nacieron y pasó su infancia, y al que han vuelto cada verano, animando los veranos con actividades culturales: Semanas Culturales, Días de la Comarca de Tiermes-Caracena, Teatro en el Graderío de Tiermes, etc. “El estudios de tradiciones y costumbres, “el antaño perdido”, y la historia, dijo Paulino, nos ha llevado a los Archivos Nacionales, Provinciales, Diocesanos y Locales”, donde nos hemos acercado a la vida de nuestros antepasados y hemos aprendido a amar nuestra cultura y descubierto nuestra identidad castellana. “Numerosos artículos y libros publicados anteriormente, sobre nuestro pueblo y la comarca, están en la base de este libro. Se hacía necesario”.



Enrique Díaz Sanz habló de la Castilla original de “Alfoces” y “Merindades”, desde el mar Cantábrico al río Duero; y de las “Comunidades de Villa y Tierra”, en la Extremadura Castellana, al sur de Duero y hasta el Tajo. Defendiendo la identidad de Castilla que tiene en dichas instituciones socio-culturales y económicas sus mejores raíces. Habló de las grandes Comunidades de Ciudad y Tierra como Ávila, Segovia, Soria y más pequeñas como Caracena, Gormaz o Magaña. Y terminó haciendo una análisis crítico de cómo se hizo la división de las provincias en 1833, y la división regional actual, ignorando y troceando a Castilla.

Joaquín González-Herrero, hizo un precioso canto – como lo hizo en el Prólogo del libro – a Caracena, a su “conjunto histórico de sobrecogedora belleza… Este libro, de deliciosa lectura, nos descubre una tierra hermosa. Es la biografía precisa de estas tierras, la crónica de lo que fue y pasó, ceñida por el compromiso del historiador con la verdad, asentado en la fidelidad del documento… Dar a la estampa este relato es devolver a Caracena su nombre, hoy apenas conocido… Esta contribución de Inocente y Paulino a la recuperación de la memoria de Caracena, con tanta precisión y rigor histórico como sentimiento derramado, es un acto de justicia”.



De justicia es también, la “Iniciativa: SALVAR EL CASTILLO DE CARACENA”, documento preparado por él y por los autores del libro presentado, que se firmó en el acto y que enviamos adjunto a esta crónica.

Habló en último lugar el otro autor del libro, Inocente, que fue presentando el Índice del libro que cuenta la historia de siglos de la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena hasta su extinción en el siglo XIX, para llamar finalmente a buscar un futuro, para Caracena y su Tierra vaciada, aprendiendo de su pasado.



El acto terminó con un vino castellano, entre saludos y abrazos del numeroso público que llenó el salón de la Casa de Soria.

Inocente y Paulino García de Andrés

lunes, 6 de marzo de 2023

Iniciativa “SALVAR EL CASTILLO DE CARACENA”

La Villa de Caracena, situada en una plataforma rocosa recortada por los barrancos de las Gargantas y los Pilones, tiene por corona, en su punto más alto y cerrando el paso desde el Sur, una imponente fortificación medieval cuyo deterioro es muy preocupante.

La fortificación se inició en el siglo X con una muralla entre los dos barrancos, de la cual se conserva un pequeño lienzo y un torreón cuadrado. Otro torreón se vino abajo no hace muchos años. Se trata de una muralla islámica, revestida de piedra y con corazón de tierra apisonada.

Adosada a la muralla primitiva se construyó una primera fortaleza cristiana de forma cuadrangular y traza irregular, con la puerta mirando hacia la villa, flanqueada por dos torres cuadradas, hoy muy deterioradas. Y en los últimos años del siglo XV, el nuevo señor de la Villa, Alfonso Carrillo de Acuña, mandó construir una barrera artillera que rodea al castillo y que cuenta con diez cubos y troneras para armas de fuego, a la vez que reforzaba los muros del castillo anterior con sendos cubos.

El castillo de Caracena fue declarado Monumento ya el 22 de abril de 1949, sin que hasta la fecha se haya hecho intervención alguna por evitar su ruina.

Hubo un tiempo en que el Estado se preocupó por la titularidad de los castillos y, en el caso de Caracena, se abrió expediente de investigación entre los años 1964 y 1966. La propiedad resultó ser de los hermanos Simón y Fabián Ibáñez Lozano, que le habían comprado a Isaac Ledesma Casado, en escritura de 19 de enero de 1896, pagados los derechos reales el 25 de enero del mismo año en la oficina del Burgo de Osma. La propiedad actual del castillo corresponde, por tanto, a sus descendientes. Isaac Ledesma Casado, médico de Berlanga, había comprado los Castillos de Berlanga y de Caracena a Bernardino Fernández de Velasco y Batle, Duque de Frías, Marqués de Berlanga y Marqués de Caracena, según escritura de compraventa otorgada en Madrid con fecha de 21 de septiembre de 1895.

Con fecha de 26 de julio de 2017 se hicieron algunos trámites, por parte del Estudio del arquitecto Fernando Cobos, para la elaboración de un Plan Director del Castillo de Caracena, al que acompañaría un Documento Básico de Documentación y Diagnóstico, sin que tengamos noticia de si ha llegado a formalizarse dicho Plan y Estudio. No sabemos si se terminaron los estudios ni quien los había encargado.

La villa de Caracena había sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con fecha de 7 de mayo de 2009, lo cual ha supuesto algunas actuaciones de la administración en los últimos años. Pero la imponente fortaleza que corona la villa, vigilante en lo alto del macizo rocoso que ciñen los barrancos; se encamina, silente y resignada, a su injusta ruina. A la vista de todos, aunque por labrados los ojos en piedra dura, muchos se niegan a ver la muerte del coloso. Piedra a piedra los soberbios muros, los sobrios lienzos, altivos torreones y elegantes cubos van entregándose al lecho de tomillos donde ahora yacen, como testigos mudos de la ignominia.

Hemos de preguntarnos si esto es inevitable, y la respuesta ha se ser una indignada negación. Y al mismo tiempo, debemos dirigir nuestra mirada a los responsables políticos de este abandono, ante uno de los símbolos de la gran epopeya castellana que fue la lucha frente al moro, en la conquista de la frontera del Duero, entre los siglos X y XI.

Urge la consolidación de las ruinas del castillo y un estudio riguroso que ha de promoverse de manera inmediata por los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León. Se impone conocer el estado actual del imponente monumento y aprobar un plan de acción para la recuperación de cuanto sea posible, con respeto a los criterios que rigen la materia conforme a la legislación de protección de nuestro patrimonio histórico. La titularidad privada del inmueble no serviría para impedir lo que resulta inaplazable. El dominio, según proclama nuestra constitución en su artículo 33.2, tiene una función social, que en el caso de nuestro castillo es de contenido histórico y cultural. Precisamente por ello, el artículo 24.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cuanto a los bienes que integran nuestro patrimonio cultural, establece el deber de “... conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro “. Y a continuación, el mismo artículo, en su párrafo 2, dispone que “los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta Ley”. Y el párrafo tercero y último del precepto concreta la forma para alcanzar tan noble objetivo: “Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado uno de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable, debiendo promover, en caso de bienes inmuebles, su inscripción en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español. La Administración podrá realizar de modo directo las obras necesarias si así lo requiriera la más eficaz conservación de los bienes y, también excepcionalmente, podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.” Estas previsiones se complementan con el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en sus artículos 67 y siguientes.

La norma es clara, amigos de Caracena, y porque in claris no fit interpretatio, no es necesario analizar la disposición, solo cumplirla. Lamentablemente, el actual abandono del castillo constituye una flagrante vulneración de la legislación autonómica en la materia.

Y si obligación de la administración es intervenir, la nuestra es denunciar tal estado de cosas. No podemos olvidar que esta grandiosa fortaleza nos pertenece a todos. Y es nuestro deber, comenzando por los vecinos de la villa con su alcalde al frente, reclamar de forma inmediata que se ponga fin a la incuria. Nos lo impone el artículo 5. 1 de la ley citada, en los siguientes términos: “Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Administración competente, que comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”. Y de no acogerse esta justa causa, tendríamos derecho a preguntarnos: ¿Para qué sirve esta administración? Entonces debería la villa ejercer las acciones legales conforme a cuanto dispone el párrafo segundo de la citada disposición. Ello así porque “será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y judiciales el cumplimiento de lo previsto en esta Ley”.

La iniciativa “Salvar el Castillo de Caracena” está en marcha. Se lo debemos a nuestros antepasados y a quienes heredarán estos hermosos parajes. Esta es nuestra tarea inaplazable. ¿Quién desea unirse a ella?

En la villa de Caracena, a 23 de febrero de 2023.

Inocente García de Andrés

Paulino García de Andrés

Joaquín González-Herrero González

viernes, 17 de febrero de 2023

Autonomías a la fuerza: los casos de Segovia y de Almería

Autonomías a la fuerza: los casos de Segovia y de Almería

Jesús Fuentetaja -12 febrero, 2023 - El Adelantado de Segovia.

Imágenes de la manifestación a favor de la autonomía de Segovia, 10 enero 1982. Foto: archivo Jesús Fuentetaja
La integración de Segovia en la Comunidad de Castilla y León
Se acerca la fecha del día 1 de marzo y con ella la puesta en escena de las efemérides que vendrán a celebrar el 40 aniversario de la Ley Orgánica de aprobación del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, promulgada el 1 de marzo de 1983; así como del apéndice, también en forma de ley orgánica y como morcilla anexionada a la primera, cual fue la de la integración de la provincia de Segovia. Una y otra Ley aparecieron insertas en el BOE del día siguiente.



Imágenes de la manifestación a favor de la autonomía de Segovia, 10 enero 1982. Foto: archivo Jesús Fuentetaja

Si se trata de conmemorar y sin otra pretensión que la de evocar la historia, será ocasión de recordar una vez más, la forma en que se produjo la incorporación de Segovia a la comunidad castellano-leonesa, que lo fue de manera forzosa y contraria a la voluntad de la inmensa mayoría de sus Ayuntamientos, mediante una interpretación cuanto menos controvertida del artículo 144.c) de la Constitución, que permitía a las Cortes Generales sustituir la iniciativa autonómica de las Corporaciones locales, es decir la de las Diputaciones y Ayuntamientos, reconocida a su vez en el artículo 143. En aquellos momentos, fue objeto de disputa doctrinal si podía ser sustituida una iniciativa que ya se había ejercido, aunque en un sentido radicalmente distinto, puesto que de los más de doscientos municipios que forman la provincia de Segovia, únicamente dieciocho se mostraron favorables a la integración en Castilla y León, cuando su Consejo General decidió iniciar el proceso autonómico regional en el mes de octubre de 1979 y que concluiría seis meses después, con un sonado batacazo en Segovia.
Adolfo Suárez con políticos segovianos.

Una vez fracasado el proceso autonómico regional, la Diputación año y medio después, iniciaría la vía de la autonomía uniprovincial, esencialmente como reacción a la amenaza ya cumplida para incorporar forzosamente a la provincia a Castilla y León, contenida en el acuerdo del día 31 de julio de 1981 alcanzado entre la UCD y el PSOE, para cerrar el mapa autonómico. Acuerdo, que sería llevado a la práctica por los socialistas, con la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones de octubre de 1982, mediante la aprobación de la Ley Orgánica 3/1983 de 1 de marzo, sin dar tiempo a que se cumpliera el plazo de cinco años previsto en el citado artículo 143, para que hubiera podido reiterarse la iniciativa autonómica. Segovia reclamaba tiempo para meditar, para estudiar y para sopesar cuál debía ser la opción que resultara más favorable para sus intereses; y ese tiempo le fue denegado, al amparo de un presunto interés nacional que nunca llegó a ser concretado, al menos en el texto de la Ley.
Modesto Fraile con Suarez.

Porque, en que hubiera afectado que se dejara transcurrir pacíficamente el plazo de cinco años previsto constitucionalmente, de los que ya habían transcurrido tres, para que se hubiese podido volver a reiterar aquella iniciativa y permitir que las nuevas corporaciones locales, surgidas de las elecciones que habrían de celebrarse unos meses después (mayo de 1983), hubieran podido ejercer su derecho a replantearse la cuestión autonómica de la provincia. ¿Hubiera resultado tan seriamente afectado el interés de la nación, en el caso que Segovia permaneciera dos años más en el régimen en el que estaba? ¿Le iba a resultar más gravoso económicamente al Estado? ¿Afectaría a la defensa nacional? ¿A la seguridad ciudadana? ¿Se podrían haber visto afectados los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles? En todo caso estos motivos de interés nacional deberían haber quedado expuestos de manera tangible en el texto de la Ley Orgánica que decidió aplicar a Segovia el artículo del cierre del sistema recogido en el artículo 144, para que al menos, el Tribunal Constitucional hubiera tenido la posibilidad de controlar si realmente se podrían considerar aquellos como suficientes para evitar la aplicación de preceptos constitucionales que debieran entenderse de obligado cumplimiento.

Monedas Segovia Comunidad Única.

La historia final ya es sobradamente conocida. El Tribunal Constitucional mediante sentencia del día 8 de noviembre de 1984, declaró ajustada a la Constitución la Ley Orgánica por la que se integró a Segovia en Castilla y León. Y aunque la Audiencia Territorial de Madrid, dictó la suya con fecha 15 de abril de 1985, declarando nulo de pleno derecho el segundo acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar, por el que se había revocado el primero, adoptado a favor del proceso autonómico provincial y, por lo tanto, llegando a cumplirse de facto con los dos requisitos exigidos en el artículo 143 para acceder a la autonomía: superar los dos tercios de los municipios (178) y que estos representaran más del cincuenta por ciento del censo electoral (50,69); esta última resolución judicial llegaría tarde y cuando ya todo estaba decidido. De todos modos hubiera dado lo mismo, porque las Cortes Generales ya habían dado a entender que nunca se iba a reconocer a la provincia de Segovia identidad histórica suficiente, como para permitirla acceder a su autonomía.

Carlos Gila

La afrenta estaba hecha, porque no se trataba tanto de decidir en qué lugar le correspondía estar a Segovia: si sola, si con Castilla y León, o con Madrid, o incluso rizando el rizo también con Castilla la Mancha; puesto que con todas era limítrofe y con todas compartía características históricas, culturales y económicas comunes y, conforme a la Constitución, con cualquiera de ellas hubiera podido formar comunidad. Como decimos por aquí, no fue tanto el hecho de reclamar el huevo, sino de defender el fuero. Es decir, el derecho de la provincia de Segovia a ser dueña de su propio destino, dentro de los marcos constitucionales fijados y no verse obligada a penetrar en un redil a la fuerza, en el que entraba trasquilada y no iba a salir ya con lana del evento.

Alcazabar de Almeria

La integración de Almería en la Comunidad de Andalucía
Más grave aún que lo de Segovia, fue posiblemente lo que sucedió con la provincia de Almería, puesto que allí no fue la voluntad de las corporaciones locales lo que se dejó a un lado, sino la de los propios ciudadanos llamados a participar en el referéndum que debería haber ratificado la iniciativa autonómica andaluza, conforme a lo previsto en el artículo 151 de la Constitución, que exigía que la misma fuera convalidada por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, lo que no llegó a producirse en la de Almería.
Recordemos que la autonomía andaluza fue dirigida hacia el procedimiento más exigente regulado en el citado artículo 151, después de la polémica surgida con Manuel Clavero Arévalo, ministro de Cultura del Gobierno de Adolfo Suárez, quien llegaría a dimitir de su cargo en la defensa de esta opción para el territorio andaluz. Finalmente, el referéndum fue convocado para el día 28 de febrero de 1980 y el mismo no llegó a prosperar en Almería, donde los votos favorables representaron el 42,07% del total de los emitidos por los electores almerienses, con una abstención cercana al 50%, concretamente el 48,98% del censo electoral de la provincia.
En resumen, no se logró la mayoría absoluta en la provincia de Almería y, en aplicación directa del art. 151 CE y del art. 8.4 de la LO 2/1980, Reguladora de las distintas modalidades de referéndum, el llevado a cabo en Andalucía no quedaba ratificado y no podría repetirse hasta que no transcurrieran cinco años. Es decir, la vía andaluza por el art. 151 de la Constitución debía considerarse fracasada y al igual que debería haber ocurrido con Castilla y León (si bien esta por la del artículo 143), no podría repetirse la iniciativa autonómica hasta que no hubieran transcurrido cinco años.
Ante esta situación, fueron varias las propuestas alternativas que se barajaron: bien, repetir el referéndum únicamente en la provincia de Almería, o bien reconducir el proceso autonómico andaluz por el procedimiento menos rígido del artículo 143, que no precisaba de la celebración de referéndum alguno.
Finalmente, y al igual que ocurriera con la provincia de Segovia, se buscaron soluciones pragmáticas de espaldas al texto constitucional. Los dos partidos mayoritarios, otra vez la UCD y el PSOE, acordaron modificar la Ley Orgánica del referéndum, mediante la LO 12/1980, de 16 de diciembre, añadiendo dos párrafos al artículo 8.4 del siguiente tenor: «Esto no obstante, la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 se entenderá ratificada en las provincias en las que se hubiere obtenido la mayoría de los votos afirmativos previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno. Previa solicitud de la mayoría de los Diputados y Senadores de la provincia o provincias en las que no se hubiera obtenido la ratificación de la iniciativa, las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán sustituir la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 siempre que concurran los requisitos previstos en el párrafo anterior.»
Es decir, legislación “ad hoc” para resolver la cuestión almeriense. Y para que no quedara duda alguna de ello, la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica, de 16 de diciembre, por la que se modificaba el párrafo anterior de la que regulaba las distintas modalidades de referéndum, estableció la aplicación retroactiva de esta modificación: “a los referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica celebrados con anterioridad a su entrada en vigor y desde la vigencia de la Constitución.»
Finalmente el círculo se cierra con la promulgación de una nueva Ley Orgánica, la 13/1980, de la misma fecha que la anterior, es decir de 16 de diciembre, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica, con un artículo único que disponía lo siguiente: “Habiéndose producido la solicitud de los Diputados y Senadores de la provincia de Almería, a la que alude la Ley Orgánica sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum, las Cortes Generales, por los motivos de interés nacional a los que se refiere el título VIII de la Constitución, declaran sustituida en esta provincia la iniciativa autonómica con objeto de que se incorpore al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas por el procedimiento del artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución.”
Ambas leyes orgánicas, la de modificación del referéndum y la de sustitución de la iniciativa autonómica en la provincia de Almería, curiosamente se publicaron el mismo día en el Boletín Oficial del Estado, el de la Nochebuena de 1980. Y ni tan siquiera se guardaron las formas mínimas exigidas en derecho, puesto que no se quiso esperar a que la primera entrará en vigor (conforme a lo establecido en su Disposición Final, no debería haberse producido su vigencia hasta al día siguiente al de su publicación en el BOE). Y sin estar vigente la ley habilitante, la segunda de las leyes, publicada en el mismo día, parte del hecho que ya se había producido la solicitud de los parlamentarios almerienses, prevista en una norma todavía no efectiva. ¿En qué momento entre una y otra ley llegaron a formalizar estos su solicitud?
Ah, y como en el caso de Segovia, los motivos de interés nacional que justificaron la promulgación de la segunda ley orgánica, tampoco resultaron explícitos en el texto de la misma. ¿Cuáles eran estos, para que no se cumplieran las determinaciones del artículo 151, en el caso de Almería y las del 143 en el de Segovia?
Así quedó suplantada la voluntad popular de los almerienses expresada en las urnas, con la utilización de métodos legislativos ciertamente chapuceros, por lo que no resulta extraño que cuarenta y dos años después de aquellos hechos, el 68% de los almerienses piense que Almería tiene una identidad diferente a la de Andalucía, y que un 60% estaría a favor de la creación de un partido que represente y defienda a la provincia en las instituciones andaluzas, según los datos recogidos por la entrevistadora GAD3 y que aparecieron publicados en el Diario de Almería del día 25 de febrero de 2022. Desconozco si en Segovia se han llegado a realizar encuestas de este tipo.

miércoles, 8 de diciembre de 2021

LA LEY PERPETUA NUEVO LIBRO DE JOAQUIN GONZALEZ HERRERO

Ley Perpetua, patrimonio inmaterial de la humanidad

El fiscal de la Audiencia Nacional Joaquín González-Herrero presentó ayer su nuevo libro ‘La Ley Perpetua - Fundamentos de una utopía’ en el Teatro Juan Bravo, donde subrayó la importancia de la que considera que fue el primer proyecto para crear la civilización occidental

Alejandra Suárez - 25 noviembre, 2021

El acto de presentación del libro se llevó a cabo en el Teatro Juan Bravo de Segovia. / KAMARERO

“No es un libro de historia, sino de epistemología o historiología“. Así comienza su explicación el fiscal de la Audiencia Nacional Joaquín González-Herrero cuando le preguntan por su nuevo libro, ‘La Ley Perpetua – Fundamentos de una utopía’, que ayer presentó en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Se trata de una presentación analítica que parte de un documento que elaboraron los representantes de la Corona de Castilla, constituidos en Junta, previa convocatoria de Toledo; la Ley Perpetua, que el autor espera que se encamine hacia su reconocimiento universal por la UNESCO como cuna y origen del estado constitucional.

El 29 de julio de 1520, comenzaron las reuniones en la Catedral de Ávila y los trabajos se continuaron en la villa segoviana de Martín Muñoz de las Posadas –cuyo Ayuntamiento ha editado el libro-, donde se preparó el primer borrador. Posteriormente analizado y discutido en Tordesillas, fue aprobado en octubre de 1520 por los integrantes de las ‘Cortes e Juntas del Reino’. Desde allí fue enviado para su sanción por Carlos V quien, lejos de asumir el texto o de iniciar un proceso de discusión, encarceló al enviado de los comuneros.

“Era una propuesta para poner fin a la Guerra de las Comunidades mediante la constitución de un nuevo orden político que supondría la utopía de someter el poder real a la ley, la razón y la justicia”, relató González-Herrero. Así, considera a la Ley Perpetua el primer proyecto de constitución de la civilización occidental “y mundial”. Tal fue su importancia que, a finales del siglo XVIII, los constituyentes americanos la utilizaron como base para la discusión de unos trabajos que condujeron a la aprobación de la Constitución de 1787.

Transcurso a la Modernidad

De la Edad Media, es decir, de un régimen personalista que tenía una dimensión teocrática en la que el Rey, “un enviado de Dios en la Tierra”, era la cabeza y propietario del reino, se pasó a la Edad Moderna. Este es el eje central de la obra del segoviano pues, en ese tránsito, la Ley Perpetua representaba una revolución en el terreno del derecho político para instaurar un nuevo orden. El modelo político que representaba Carlos V no tenía nada que ver con lo que buscaban “aquellos modernos y avanzados españoles que propugnaban una España muy distinta a la que fue”.

“Entre las causas finales por las cuales se rebelaron los comuneros, había un grito de necesidad que se dirigía al emperador y que expresaba el deseo de salir de la Edad Media”

González-Herrero aborda el análisis de los fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos -con sus componentes religiosos- de la Revolución de las Comunidades. El autor ha querido penetrar en el hondón de lo que permanece oculto, para intentar dar respuesta a lo que define como “el enigma comunero”: “¿Cómo es posible que, al alba del renacimiento en Europa, ciudades de los reinos de León y de Castilla se alzaran contra el príncipe más poderoso de la época?”, se pregunta. El estudio de los Capítulos del Reino, que integran la Ley Perpetua, facilita la respuesta. Los comuneros encontraron la fuerza moral, el instrumento intelectual, en las aportaciones de “los grandes juristas españoles”.

De esta forma, ha llegado a la conclusión de que entre las causas últimas por las cuales se rebelaron los comuneros, había “un grito de necesidad” que se dirigía al emperador y que expresaba el deseo de salir de la Edad Media. “Los comuneros no iban contra nadie, iban contra la forma de gobernar que le habían impuesto”, sostiene.

Está seguro de que, “sirviéndose de esta referencia como criterio interpretador de lo que es el modelo constitucional español, podemos llegar a pensar en un futuro distinto, el mismo al que habían llegado hace 500 años españoles liberales”, en palabras del segoviano. La Ley Perpetua es uno de los acontecimientos más destacados de la historia moderna de España y de la civilización occidental.En ella cristaliza el ideario de los comuneros y los propósitos del alzamiento. Se trata del documento fundamental para conocer los objetivos de la primera revolución burguesa en Europa.

sábado, 4 de diciembre de 2021

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA REVOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 1520-1521

Cumpliéndose, en este año de 2021, el V Centenario de la Guerra de las Comunidades y la derrota de los Comuneros en Villalar, hemos preparado el siguiente memorial para poner de relieve la participación de la Comunidad de Madrid y para clarificar el significado histórico de aquellos acontecimientos en la historia de Castilla.

Respecto a la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, así como de la Comunidad de Alcalá de Henares y la villa de Navalcarnero, entonces del sexmo de Casarrubios, (Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia), tenemos abundantes datos sobre su participación en aquella primera revolución social de la era Moderna.

He aquí un resumen de los hechos más relevantes acaecidos en el territorio de la actual Comunidad de Madrid en la revolución comunera.

La participación de la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid se inició en abril de 1520, cuando sus procuradores Francisco de Vargas y Francisco de Luxán, votaron, junto a Murcia, contra el “servicio” propuesto por el rey Carlos I, en la sesión de Cortes, celebrada en La Coruña.

En junio de 1520 se celebró la primera sesión del regimiento comunero, en la iglesia del Salvador, en la que fue elegido alcalde mayor de la villa el bachiller Gregorio del Castillo, alcaide del alcázar Juan Negrete y justicia y capitán general de Madrid Juan Zapata.

La Comunidad de Madrid y su tierra estaba conformada, en aquellos años, por la villa de Madrid y tres sexmos, Aravaca, Vallecas y Villaverde.

En los primeros días de julio de 1520 fue asediado el alcázar de Madrid por las fuerzas comuneras y, después de una fuerte defensa, capituló el primero de agosto; por otra parte, todas las rentas reales fueron intervenidas por la revolución.

En agosto de 1520 fueron nombrados los representantes para la Junta de Ávila, Pedro de Losada, Pedro de Sotomayor y Diego de Madrid, que también estuvieron presentes en Tordesillas, con la reina doña Juana, en septiembre del mismo año.

El acta de la sesión del ayuntamiento de Madrid del día 25 de septiembre de 1520 comienza así: Reunido el Ayuntamiento en una sala, encima del portal de la iglesia de San Salvador, presidido por el bachiller Gregorio del Castillo, Alcalde Mayor de Madrid….Era el lugar donde antaño se reunía el concejo de Madrid, iglesia situada en la calle Mayor, en su confluencia con la plaza de la Villa, hoy desaparecida y recordada por una placa conmemorativa.

A finales de dicho mes eligen a Juan Negrete procurador general de la villa.

En octubre de 1520 se acuerda que las armas del alcázar se entreguen a los diputados de las parroquias. También se decidió declarar mercado franco en la villa de Madrid los miércoles, lo que suponía eliminar el impuesto de “alcabala”.

En noviembre de 1520 la Comunidad de Madrid acordó enviar a la Junta 100 hombres de la villa y 200 de su tierra, mandados por Juan Zapata.

En febrero de 1521 se acuerda enviar 240 ducados a Juan Zapata para las tropas madrileñas enviadas para reforzar la defensa de Segovia y 200 ducados para las tropas que están en Valladolid, así como 150 hombres armados a Ocaña.

El día 16 de dicho mes es publicado en Burgos el Edicto de Carlos I, dado en Worms en 1520, por el que se condena a 260 comuneros, de los cuales 21 eran de la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid.

En marzo de 1521 se acuerda que vayan 100 hombres para prestar apoyo al obispo de Zamora, Antonio de Acuña. También se ordena repartir la artillería que hay en la villa.

El día 22 de abril de 1521 se acuerda que se preparen 300 hombres de guerra “para lo que sea necesario”.

Tenemos conocimiento de la participación en la revolución de 80 comuneros de la villa de Madrid, de los que 44 participaron en el Concejo comunero y 53 fueron condenados. La villa de Madrid tenía 747 vecinos, en el censo de pecheros de 1528, y 2922 la Tierra, excluidos los nobles, hidalgos y clero secular y regular, Alcalá de Henares 14 comuneros, todos pertenecientes a la universidad, cuya ciudad tenía 850 vecinos y un comunero de Navalcarnero, que tenía entonces 269 vecinos. De todos ellos 18 fueron exceptuados del perdón general de 28 de octubre de 1522 y solamente uno fue ejecutado, Pedro de Sotomayor, perteneciente a la nobleza.

La participación de Madrid en la revolución comunera fue muy notable, tanto por el número de comuneros que participaron en ella como por el número de hombres de guerra que intervinieron, considerablemente alto a la vista de los vecinos censados.

En mayo de 1521 se concedió perdón general a todos los vecinos de la villa, incluidos Juan Negrete y Gregorio del Castillo.

El 28 de octubre de 1522, el emperador Carlos V concedió un perdón general, exceptuando a 289 comuneros, de los cuales 17 eran de la villa de Madrid y uno de Navalcarnero.

Pero más importante que recordar los hechos de guerra, importa estudiar las causas del alzamiento comunero y cuáles eran sus reivindicaciones y proyecto reformador.

En 1520 varias ciudades de los reinos de Castilla y de León, tras levantarse en armas contra Carlos I y el regente Adriano de Utrecht, conformaron la autodenominada Santa Junta con la intención de reorganizar el país. El proyecto reformador de las Comunidades de Castilla es el nombre historiográfico que recibe el programa político, económico y administrativo desarrollado por aquel organismo político creado por los comuneros. La Santa Junta comenzó sus reuniones el 1 de agosto de 1520 en la ciudad de Ávila. Allí redactó la conocida como Ley Perpetua de la Junta de Ávila. En el mes de septiembre decidió trasladarse a Tordesillas, residencia de la reina Juana, donde amplió a catorce el número de ciudades que la componían y se consolidó, desconociendo a los virreyes nombrados por el monarca como única autoridad en sus reinos

La Ley Perpetua redactada por la Junta de Procuradores de las Comunidades reunidas en Ávila en el verano de 1520 resulta ser el precedente constitucional hispánico, frustrada en su aplicación por la oposición del rey Carlos de Habsburgo y su corte, al decir de Ramón Peralta. Y es que el movimiento político comunero desarrollado entre 1519 y 1521 puede considerarse como la primera revolución constitucional europea si analizamos con detalle el proceso y el documento en que se concreta como Ley Perpetua del Reino de Castilla. La Ley Perpetua, redactada y aprobada por una Junta extraordinaria –no convocada por el rey – de procuradores a modo de Cortes Constituyentes, es presentada a la confirmación del rey y no puede ser modificada por el mismo ni por Cortes ordinarias. Ha de ser una “ley perpetua”.

Se establece la total independencia de las Cortes como asamblea representativa de estamentos y ciudades respecto del rey que aparece como el Protector ejecutivo del reino; se fijan las funciones y modos de elección de los diputados como portavoces de los Concejos; se declara la independencia y profesionalidad de los jueces; se reestructura la administración estableciéndose criterios de selección y controles objetivos; se establecen específicas garantías judiciales en favor de la libertad y derechos de los ciudadanos y se reordenan los derechos de nacionalidad; se establece una Hacienda Pública y un orden económico en beneficio del desarrollo material del reino, de su producción y su comercio; se prohíbe la injerencia de los extranjeros, excluyéndose a éstos del ejercicio de cualquier cargo público; se garantiza, en fin, una amplia autonomía local-territorial en favor de Concejos y Comunidades cuyas autoridades eligen los vecinos, excluyéndose toda injerencia regia. El pueblo castellano pretendía establecer formalmente la primera monarquía constitucional, sin embargo, el rey y una corte de extranjeros apoyados por determinados sectores directamente beneficiarios del nuevo orden cesarista combatieron aquella pretensión logrando, con el tiempo, desvirtuar la estructura jurídico-política castellana, que tuvo que adaptarse a un molde foráneo de índole monárquico-absolutista. El Imperio de los Habsburgo, terminaría por debilitar en extremo a aquella próspera, dinámica y libre Castilla que se asomaba pletórica al mundo al principiar el siglo XVI.

Frente a esta tesis de Peralta, tenemos otra visión de Ramis-Barceló quien, estudiando La Génesis de la Ley Perpetua de Ávila , afirma: “La Ley Perpetua no fue un proyecto de “constitución”, sino una manera ilegal de plantar cara, por parte de las ciudades, a las “irregularidades” del monarca.

No vamos a entrar en ese debate. Veamos, en todo caso, los contenidos de la Ley Perpetua:

- Al principio, la Junta se planteó ampliar el número de ciudades y jurisdicciones que tuvieran voto en Cortes, sin embargo, decidieron mantener el número tradicional. Eran las siguientes: León (que hablaba también por Asturias), Burgos (que hablaba también por la Montaña), Valladolid, Zamora (que hablaba también por Galicia), Toro, Salamanca (que hablaba también por la Extremadura) Soria, Segovia, Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo, Cuenca, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada.

- Cada ciudad que contase con el privilegio de asistir a las Cortes enviaría, elegidos libremente por el ayuntamiento de la ciudad, tres diputados que a su vez representarían a cada uno de los estamentos sociales: el clero, los caballeros y escuderos y la Comunidad, y que deberían dar cuenta de su gestión en el tiempo de 40 días luego de celebrarse la sesión.

- Además, se tomarían medidas que garantizaran la libertad de los procuradores, confiriéndoles instrucciones redactadas libremente por el regimiento de la ciudad, sin presiones externas del monarca o sus allegados y privándoles de la posibilidad de aceptar retribuciones y mercedes de parte del rey que pudiesen modificar su opinión respecto al mandato original recibido por las ciudades y territorios que representaban. - Las Cortes se reunirían cada tres años o en el momento que considerasen pertinente sin necesidad de contar con la aprobación del monarca, nombrando ellas solas al presidente y fijando la orden del día y la duración de la sesión. Además, compartirían con el soberano algunas de sus prerrogativas políticas de gobierno, confiándoles los comuneros funciones relativamente importantes antes reservadas exclusivamente para el rey. Aunque no siempre se precisan, algunos documentos de la época arrojan algunas: designarían al regente, ratificarían o no las declaraciones de guerra por parte del rey, y deberían ser consultadas sobre el matrimonio de este último.

En resumen, el proyecto reformador, señalaba: “Vean y procuren cómo se guarde lo contenido en estos capítulos y platiquen y provean las otras cosas cumplideras al servicio de la corona real y bien común destos reinos”.

Sentido acusadamente pactista animaba a las mentes comuneras en la configuración de la nueva sociedad política que se pretendía constituir para los reinos de Castilla y de León, de tal for¬ma que el soberano no podía valerse arbitrariamente del contrato, por estar vinculado a sus cláu¬sulas. En este aspecto, la «Constitución de Ávila» es portadora de cierto sentido populista en cuanto al consentimiento ciudadano respecto al poder.

El concepto de soberanía en los comuneros dentro de la doctrina programática contenida en los capítulos se ligaba a la nación o reino y podía delegarse en el príncipe o recuperarla si se consideraba que por parte del Rey se hacía de ella uso inadecuado. En este aspecto la teoría del contrato era llevada por los comuneros hasta sus últimas consecuencias, sustituyendo la voluntad del Rey por la soberanía de la nación (157). Ello significaba un logro transcendental, ya que en esos años de 1520 no se había elaborado teóricamente la doctrina de la soberanía una e indivisible. El paso da¬do por los revolucionarios se anticipaba también a su tiempo.

No puede descartarse que las doctrinas de Alonso de Madri¬gal, de corte democrático-aristotélico, pudieran haber tenido influencia en la concepción del pro¬grama de Avila. Las teorías políticas de «el Abulense» estaban sistematizadas en su opúsculo «De Optima Politica»: el mejor sistema político es aquel que más refleja la presencia activa de la comu¬nidad, como medio de asegurar la paz.

El deliberado propósito de eliminar a la alta nobleza de las responsabilidades políticas y de gobierno. La Junta comunera, representante de las Comunidades en ella integradas, era la única poseedora y detentadora del poder. Por eso sus pronunciamientos se dictaban en nombre del reino y en virtud del poder que ostentaba, deseaba compartirlo con el Rey asumiendo éste los Capítulos como Ley Fundamental de los reinos; asunción hecha por vía de pacto,

Plan de descentralización en la revolución comunera. Comenta J. Perez (59) que pese a que la tradición castellana de los Concejos inspiró las tendencias democráticas comuneras, el modelo italiano fue el que se siguió cuando llegó el momento de acometer la elaboración del amplio plan de descentralización. Y así «cada Comunidad elaboraba su propia organización política y conducía sus propios asuntos con gran autonomía, limitándose la Junta General a proveer las diligencias generales y a ejercer las responsabilidades a escala nacio-, nal... Sin duda los comuneros pretendían hacer de Castilla una federación de ciudades libres».

Los ciudadanos asumían nuevas responsabilidades políticas que hasta entonces les habían estado vedadas, insertándoles dentro del servicio a la nación, con la obligatoriedad de defender los derechos del reino, incluso contra los designios del monarca. La carta enviada a Carlos I por los comuneros proclamaba esta asunción por los súbditos de las nuevas responsabilidades que sobre aquellos recaían.

En el plano administrativo y de gobierno. En el plano administrativo, los comuneros pretendían mejorar la selección de los funcionarios y examinar su gestión. Las prebendas serían revocadas y prohibidas permanentemente, medida justificada por los gastos inútiles que acarreaban al Estado los empleos parásitos. El tiempo que los funcionarios se mantuviesen en el cargo sería limitado y reducido, y los mismos rendirían cuenta de su gestión cada cuatro años. La acumulación de distintos oficios administrativos sería motivo de castigo. Los puestos vacantes deberían recaer preferentemente sobre hombres experimentados y no jóvenes que acabasen de terminar sus estudios. Los corregidores no estarían al frente de las ciudades sin expresa petición de las mismas.

La administración de la justicia. En lo concerniente a la administración de la justicia, los comuneros pretendían una reorganización de la misma a fin de evitar los abusos de los magistrados. He aquí algunas propuestas que presentaban: El juicio en primera instancia y la apelación no podía ser presidida por los mismos magistrados. El rey tenía vedado el derecho de transferir un caso concreto a la competencia de otra jurisdicción, ni podría obstaculizar el curso habitual de la justicia. Los magistrados recibirían la paga de su salario ordinario y no del importe de los bienes de los condenados o de las penas pecuniarias que hubiesen impuesto.

En el plano económico, los comuneros exigían fundamentalmente una reducción de los gastos de la Corona, el fin de los abusos que derivaban del hospedaje de la Corte, la prohibición de la extracción de moneda y otros productos de sus reinos, y un alivio de la presión fiscal sobre las ciudades, eliminando algunos impuestos y regularizando otros.

Una de las primeras demandas de contenido económico que los comuneros dirigieron a Carlos I se refería a los gastos desmesurados que la Corte generaba diariamente y que ascendían a 150.000 maravedíes, es decir, diez veces más que en tiempos de los Reyes Católicos. Los comuneros, utilizando a estos como referentes, exigieron una reducción.

Patrimonio Real. Los comuneros manifestaron continuamente su rechazo a las enajenaciones de villas y territorios del patrimonio real en beneficio de la nobleza. Consideraban que como en los señoríos las contribuciones eran percibidas por los señores locales el rey necesitaba compensar entonces esas perdidas pecuniarias elevando los impuestos en las ciudades y localidades realengas en perjuicio de las mismas. Por ello, la Santa Junta pedía revocar todas las mercedes reales y concesiones a la nobleza que se hubieran realizado desde la muerte de Isabel la Católica.

Otro de los problemas que abordaron los comuneros sobre el patrimonio real fue el endeudamiento de la Hacienda, realizado muchas veces sin siquiera saber si llegarían los ingresos esperados. En ese sentido se dispusieron medidas sobre la eliminación de los juros en circulación desde 1516, y la revocación de todas las gratificaciones de la Corona desde la misma fecha, incluidas las cartas de hidalguía.

Los impuestos. En este terreno, los comuneros pretendían fundamentalmente eliminar los impuestos extraordinarios, incluido el servicio de Cortes, y poner fin a los abusos que se cometían en la recaudación de las alcabalas y de las bulas de Cruzada.

Item, que el servicio que por algunos procuradores de Cortes fue otorgado y concedido a su alteza en la ciudad de La Coruña, que no se pida ni cobre, ni se pueda echar otro alguno en ningún tiempo, ni se pongan otras imposiciones ni tributos extraordinarios por sus majestades, ni por otros señores reyes.

Respecto a los impuestos ordinarios - las alcabalas - los comuneros decretaron un encabezamiento universal —es decir, el mismo para los territorios de realengo, señoriales, y eclesiásticos— y perpetuo, sin que su volumen pudiese superar el del año 1494. Otras disposiciones exigían que no se pudieran arrendar las Comunidades y que se creara un arca en la ciudad o villa cabeza de Comunidad, donde se depositaran el monto obtenido.

Monedas, lana y otros productos. El programa de la Santa Junta daba cuenta de que la ley y valor de la moneda circulante por aquel entonces en Castilla era superior al de los países de su entorno y ello favorecía su extracción hacia los mismos. También se prohibiría la salida de productos alimenticios de necesidad básica: el pan, las carnes porcinas, y el ganado y sus derivados. Y, especialmente, la exportación de la lana. Los comuneros se propusieron moderar el volumen de lana que se exportaba cada año, considerando los inconvenientes que acarreaba su venta masiva al extranjero. La Junta se dispuso entonces a aplazar por un año las exportaciones de materia prima y manufacturarla en su propio territorio. Eso contribuiría a la creación de numerosos puestos de trabajo (lavado, cardado etc.) y de un mayor número de piezas de paño. La venta de estas, por tanto, redundaría en ganancias superiores a las que se obtendrían vendiendo la materia prima.

CONCLUSIONES

- Ante todo conviene observar que el nombre con que este acontecimiento político y social ha pasado a la historia – revolución de las “Comunidades de Castilla” – es inapropiado y se presta a la confusión, porque el alzamiento no se limitó a Castilla y a su organización tradicional en Comunidades de Ciudad o Villa y Tierra, Merindades, Juntas, Hermandades, Valles, Alfoces y Concejos.

- La guerra de las Comunidades, con diferentes características, se desarrolló en los reinos de Toledo, de León, el País Vasco, tierras de Extremadura, Valencia y Mallorca, con sus germanías, Andalucía y Murcia, y también en Castilla. En el estudio de la historia de España hay muchos acontecimientos que ponen de manifiesto cuán erróneo es ampliar el nombre de Castilla a un conjunto de estados, pueblos y países tan complejo como el que integran cada una de las Coronas de León y de Castilla. Una de ellas es la llamada “revolución de las comunidades de Castilla”.

- Las consecuencias fueron catastróficas para los vencidos de todos los lugares de los reinos de León y de Castilla donde hubo fuerte oposición al emperador, y especialmente para las auténticas comunidades de ciudad o villa y tierra. Conviene subrayar que la victoria de los imperiales en Villalar marca una fase ascendente de la marea señorial y un recorte nuevo de las libertades en todos aquellos territorios - especialmente en los territorios de Castilla y sus Comunidades de Villa y Tierra, - que en cierto modo pretendían recuperar derechos y libertades perdidos y que movilizaron no sólo a ciudades o villas sino también a las aldeas de la tierra

- Es verdad que el fracaso de los Comuneros supuso la ruina de las Cortes de Castilla y de los Concejos democráticos, aunque la consolidación del absolutismo real y la decadencia de las Cortes y de los Concejos o Comunidades ya se había iniciado mucho antes, con el acceso a la corona de la dinastía de los Trastámara. En todo caso, el triunfador de aquel 23 de abril de 1521 – dice Joseph Pérez – no fue tanto el poder real como la aristocracia, amenazada en su función política y desafiada como potencia económica y social.

- La revolución de los comuneros es el momento en que las Comunidades de Villa y Tierra, aunque ya muy recortadas en sus derechos, se unieron para resistir arbitrariedades y vejámenes de la corona y la nobleza que dominaba sobre muchas de ellas. Todas estas reivindicaciones y propuestas de la Junta, que pretendían mantener el espíritu democrático y participativo de Castilla y sus Instituciones, quedaron truncadas con la derrota de Villalar.

- Se impone el absolutismo de la edad Moderna. Y con él, continúa el recorte de territorios de las Comunidades por las donaciones reales a los nobles, por la venta de aldeas, por parte del rey, que compran su derecho de villazgo desmembrándose de la comunidad y tierra, y, finalmente, el recorte de los derechos políticos y los fueros de los Concejos o Comunidades. La Comunidad de Madrid y su Tierra, y sus Instituciones, fueron barridas cuando se asentó en la Villa la Corte de España y del Imperio español.

- Finalmente, señalar que es un error pretender circunscribir aquella guerra al territorio de la actual comunidad de Castilla y León, y que esta región actual quiera apropiarse de la guerra de los comuneros y su significado, cuando ésta se inició y terminó en Toledo y afectó a la mayor parte de España.

Teniendo en cuenta, pues, la importancia de la presencia y participación de Madrid en la revolución comunera, como hemos visto anteriormente, estimamos que Madrid debe hacer memoria de este V Centenario del alzamiento comunero.

Por todo lo expuesto, desde el Centro de Estudios Castellanos solicitamos a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que no dejen pasar la conmemoración del V centenario de la Guerra de las Comunidades, sin hacer un homenaje a los Comuneros de Madrid, o bien a los más destacados, como JUAN ZAPATA, PEDRO DE SOTOMAYOR, PEDRO DE LOSADA, JUAN NEGRETE Y GREGORIO DEL CASTILLO, con algún acto público, la dedicación de alguna plaza, calle, parque, o algún monumento que haga visible su memoria.

Madrid, a 6 de octubre de 2021

Centro de Estudios Castellanos

Ponentes: Inocente García de Andrés, Enrique Díaz Sanz y Rafael Enríquez de Salamanca.

miércoles, 20 de octubre de 2021

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS COMUNEROS DE MADRID

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS COMUNEROS DE MADRID, CON OCASIÓN DE CONMEMORARSE EL QUINTO CENTENARIO DEL FINAL DE LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES.


Los abajo firmantes comparecen ante el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Madrid, y dicen: Que han sido debidamente comisionados por el Consejo de Madrid del Centro de Estudios Castellanos (CEC), en la reunión celebrada el pasado día 2 de octubre, para que puedan actuar ante ese Ayuntamiento en nombre y representación de la citada entidad a los fines expresados en el presente escrito. El CEC es una asociación cultural sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 605658 y NIF: G-05247614, que tiene como finalidad principal de su constitución la defensa y recuperación de la identidad histórica castellana.


En este sentido, hemos tenido conocimiento que con ocasión de conmemorarse el Quinto Centenario del final de la Guerra de las Comunidades, es intención del Ayuntamiento de Madrid erigir una estatua a la reina Juana I de Castilla en el Parque del Retiro. Desde nuestra asociación pensamos que junto a dicha iniciativa sería conveniente recuperar al mismo tiempo, la memoria histórica de los principales comuneros de Madrid que participaron en aquellos hechos, bien renombrando alguna calle, plaza, jardín, espacio público o instalación municipal con el nombre de COMUNEROS DE MADRID. O bien, cualquiera otra actuación que permita recordar al pueblo de Madrid esta olvidada página de su historia.

Entendemos que Madrid no puede dar la espalda a su pasado, ni al origen de su identidad castellana, ni tampoco negar la participación de su antigua Comunidad de Villa y Tierra en la lucha emprendida hace quinientos años por los comuneros, que era la lucha del pueblo de Castilla para la recuperación de sus libertades, cercenadas por la autoridad absolutista de un monarca, y que fue la causa de la primera revolución social de la edad moderna, que con varios siglos de anticipación pretendió instaurar un sistema constitucional que limitara el poder de la Corona, haciendo efectivos los principios políticos basados en un derecho natural de ámbito internacional (Ius Gentium) que por entonces se expandían desde la prestigiada escuela de pensadores de Salamanca, con Francisco de Vitoria como uno de sus miembros más destacados, quien afirmaba que no debía ser la república para el rey, sino el rey para la república.

Con estos objetivos y con la participación de los representantes de las principales ciudades, Madrid entre ellas, y reunidos en la denominada Santa Junta de Ávila, fue elaborada en 1520 la que ha pasado a la historia como Ley Perpetua, un conjunto de disposiciones normativas que pretendían llevar a la práctica aquellos principios de libertad y de igualdad que no han sido superados por los actuales sistemas democráticos. No en vano, aquel intento de rango constitucional rechazado violentamente por Carlos V, sirvió 250 años después de guía y referencia para la redacción de una de las primeras constituciones democráticas de la historia, como fue la de la creación de los Estados Unidos de América

Es la lucha permanente del ser humando por la libertad la que quiere ser recordada con esta solicitud y que debe servir a la vez, como justificación al reconocimiento que desde nuestra asociación solicitamos al Ayuntamiento de la Villa, para que los nombres, entre otros, de Juan Zapata, Pedro de Sotomayor, Pedro de Losada, Juan Negrete y Gregorio del Castillo, no permanezcan en el olvido de los madrileños.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o ayuda que precise, a cuya finalidad y junto a nuestras firmas, facilitamos nuestros respectivos números de teléfono.

Atentamente,